Tras años buscando justicia, amenazados y exiliados, los familiares del docente Jorge Freytter conocieron los primeros avances en este crimen, declarado en enero de 2020, por una fiscalía especializada contra las violaciones a los derechos humanos, como delito de lesa humanidad. El paramilitar alias Montería, desmovilizado del Bloque Norte de las AUC, fue condenado por el secuestro, tortura y homicidio del maestro.
En el pronunciamiento de la Fiscalía para declarar el caso como de lesa humanidad, se demostró que el crimen contra Freytter no se trataba de un hecho aislado, sino, por el contrario, “fue uno más de un plan sistemático en contra de aquellos miembros que ejercían su voz en contra de la apropiación del alma máter por fuerzas ajenas a la misma, que inclusive se asociaron con grupos al margen de la ley.
Basta observar que en un lapso mínimo fueron asesinados, entre otros, Luis Miguel Meza Almanza, Humberto Contreras Sereno, Jairo Del Carmen Puello Polo, Reinaldo Serna López, Ángel Gabriel De La Hoz Castelar, Alfredo Correa De Andreis. Todos ellos, relacionados directamente con la Universidad del Atlántico y especialmente, con la irrupción de grupos armados ilegales de extrema derecha en la administración de la misma”, dice el ente acusador. Ante esto, y en vista que el caso se encontraba en curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la familia Freytter Florián firmaron un acuerdo de solución amistosa el 28 de agosto de 2020, como medida de reparación por los daños materiales y morales ocasionados con el asesinato del profesor, pero también por la persecución que sufrieron varios de los integrantes de este núcleo familiar al buscar la verdad y la justicia por lo que había sucedido.
Entre los puntos del acuerdo se encuentra que el Estado colombiano debe reconocer la responsabilidad internacional y nacional por acción en la detención ilegal, tortura, y ejecución extrajudicial de Jorge Adolfo Freytter, y el proceso por parte del CNMH de apoyar la concertación y materialización de las medidas de memoria y dignificación establecidas en el acuerdo de solución amistosa.